NUEVA YORK — Una nueva resolución adoptada por la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas ha condenado enérgicamente al Gobierno iraní por su historial en materia de derechos humanos, atrayendo nuevamente la atención del mundo hacia la situación crítica en la que se encuentran las minorías religiosas, en especial la comunidad bahá’í, la minoría no musulmana más numerosa de Irán.
Aprobada con 79 votos a favor, dos votos más que el año anterior, la resolución destaca lo que se describe como «una escalada y los impactos acumulados de una persecución de muchos años» contra un amplio mosaico de minorías religiosas tanto reconocidas como no reconocidas, nombrando «en particular, a los bahá’ís», además de a los cristianos, los derviches gonabadíes, los judíos, los musulmanes sufíes y sunitas, los yarsaníes y los zoroastrianos. La resolución señala que estos grupos se enfrentan a ataques y acoso cada vez más feroces dirigidos a las mujeres y las niñas de estas comunidades minoritarias, que se encuentran en «alto riesgo».
«Nos complace que, una vez más, la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas haya condenado a la República Islámica por su persecución sistemática de los bahá’ís de Irán, que perdura desde hace ya casi cincuenta años», afirmó Bani Dugal, representante principal de la Comunidad Internacional Bahá’í ante las Naciones Unidas. «Destacar el impacto acumulado de más de cuatro décadas de persecución de los bahá’ís es un punto de especial fortaleza de esta resolución ―prosiguió Dugal―, y es esencial que la comunidad internacional comprenda el enorme coste humano de las políticas represivas del Gobierno iraní.
»Seguimos confiando en que Irán preste oído a este llamamiento a respetar los derechos humanos de todos sus ciudadanos, incluyendo a la comunidad bahá’í, que ya ha sufrido bastante».
La resolución critica al Gobierno iraní por la represión sistemática basada en la identidad religiosa, citando informes de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias sin el debido procedimiento legal y sentencias de prisión extremadamente duras. Además, documenta la confiscación de propiedades, la destrucción de hogares y negocios y el arresto de miembros prominentes y de avanzada edad de la comunidad. La Asamblea General, al aprobar esta resolución, ha instado una vez más a la República Islámica a que ponga fin a estas prácticas y a «deje de vigilar a los individuos por su identidad religiosa, libere a todos los practicantes religiosos encarcelados por su membresía o por sus actividades en nombre de un grupo religioso minoritario, [y] cese la profanación de cementerios».
En declaraciones previas a la votación, la Misión brasileña declaraba: «Reiteramos nuestro apoyo a los derechos de todas las minorías religiosas, entre ellas los bahá’ís, a practicar su fe libremente y sin ninguna discriminación». La Misión de Reino Unido declaró: «Seguimos profundamente preocupados por la represión de la libertad de religión y de creencia por parte de Irán. [...] Los medios de comunicación con conexiones con el Estado han intensificado el discurso de odio y la incitación contra las minorías religiosas, especialmente contra los bahá’ís», así como contra los cristianos. «Apoyamos el derecho de estas comunidades a practicar su fe libremente y sin interferencias del Estado», añadió la Misión británica.
Un tema primordial de la resolución es el código penal iraní, concretamente los artículos 499 bis y 500 bis, que criminalizan la expresión religiosa no musulmana. La resolución del año anterior también destacó estas incorporaciones recientes al código penal, lo que motiva la preocupación persistente sobre los derechos humanos en la Asamblea General con respecto a la postura del Gobierno iraní hacia las minorías religiosas.
La sistemática puesta en práctica de estos artículos, constata la resolución, «ha agudizado considerablemente la discriminación y la violencia», permitiendo a las autoridades arrestar a los bahá’ís y a otras minorías con acusaciones sin fundamento. Esto se ha visto acompañado de un aumento de las restricciones económicas mediante «el cierre, la destrucción o la confiscación de negocios, de tierras y propiedades, la cancelación de las licencias y la denegación de empleo en determinados sectores públicos y privados».
La resolución exige a Irán «eliminar, en la ley y en la práctica, toda forma de discriminación basada en el pensamiento, la conciencia, religión o creencia, entre las que se incluyen [...] las restricciones económicas como el cierre, la destrucción o confiscación de negocios, de tierras y propiedades, la cancelación de licencias y la denegación de empleo en determinados sectores públicos y privados, entre ellos los cargos gubernamentales o militares y cargos electivos, la prohibición y restricciones al acceso a la educación para los miembros de la Fe bahá’í y de otras minorías religiosas, y cualquier otro acto que constituya una violación de los derechos humanos o un abuso contra personas que pertenezcan a minorías religiosas reconocidas oficialmente o no». Esta toma de posición responde a años de medidas represivas contra los bahá’ís, a la exclusión sistemática de los estudiantes bahá’ís de las universidades y de las carreras profesionales y a las medidas para obstruir el progreso y el desarrollo de la comunidad.
Los últimos acontecimientos en Irán redoblaban estas preocupaciones. En octubre, diez mujeres bahá’ís de Isfahán fueron sentenciadas a una condena combinada de 90 años de prisión por organizar actividades educativas y culturales. Expertos independientes de Naciones Unidas asimismo publicaron una declaración conjunta a finales de 2024 en la que denunciaban las continuas redadas en los hogares, las prohibiciones de viajar y las penas prolongadas impuestas a las mujeres bahá’ís, y describían estos hechos como un patrón sistemático de discriminación selectiva.
Informes paralelos de organizaciones de derechos humanos, entre las que se encuentra el Centro Abdorrahman Boroumand y Human Rights Watch, han documentado la amplitud de estas violaciones contra la comunidad bahá'í por parte del Gobierno iraní, desde ejecuciones y encarcelamientos hasta la exclusión económica, cultural y educativa. Human Rights Watch calificó la campaña de 45 años contra los bahá’ís como un crimen de persecución de lesa humanidad.
La resolución concluye con un llamamiento a Irán para que cumpla con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, como la de garantizar el derecho a la «libertad de pensamiento, conciencia y religión o creencia» para todos sus ciudadanos y ciudadanas. Subraya que la situación en la que se encuentran los bahá’ís y otras minorías no constituye un caso aislado, sino que forma parte de un patrón mucho más amplio de represión que afecta a toda la sociedad.
Esta última decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas añade una vuelta de tuerca a la presión ejercida sobre Irán para que emprenda reformas de calado y para que ponga fin a las violaciones sistemáticas documentadas durante décadas. En diciembre se celebrará el voto plenario sobre esta resolución.
