NUEVA YORK — En una resolución confirmada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, previamente adoptada por la Tercera Comisión el pasado noviembre, se condena el impacto «acumulado» de la persecución de la comunidad bahá’í durante los últimos 46 años por parte del Gobierno iraní.
En la resolución además se amonesta a la República Islámica por su largo historial en materia de derechos humanos.
Confirmada por 78 votos, la Asamblea General destaca «un recrudecimiento progresivo y los impactos acumulados de una persecución prolongada» contra un amplio abanico de comunidades religiosas reconocidas y no reconocidas, «en particular, los bahá’ís», además de cristianos, derviches gonabadíes, judíos, musulmanes suníes y sufíes, yarsaníes y zoroastrianos.
Todas estas comunidades religiosas se enfrentan a ataques, hostigamiento y persecución en aumento, como reza la resolución, corriendo las mujeres y las niñas un «riesgo especial».
«La condena internacional del Gobierno iraní por la persecución de la comunidad bahá’í es generalizada e indiscutible», afirmó Bani Dugal, representante principal de la Comunidad Internacional Bahá’í ante las Naciones Unidas. «El Gobierno iraní debe atender estas peticiones, que se han sucedido durante tantas décadas, respetando los derechos de los bahá’ís y de todas las minorías religiosas y étnicas».
La votación de la Tercera Comisión en noviembre fue seguida por una resolución de urgencia en el Parlamento Europeo el 28 de noviembre, que criticaba «con rotundidad» al Gobierno iraní por sus ataques contra los derechos humanos de los bahá’ís e instaba a los representantes europeos a trasladar esta cuestión a sus homólogos iraníes.
A principios de este mes, la Comunidad Internacional Bahá’í y Human Rights Watch publicaron un declaración conjunta especial sobre el sistema judicial «utilizado como arma» y el papel que ejercen jueces y otros elementos del sistema judicial en la focalización, discriminación, hostigamiento, encarcelamiento y persecución de ciudadanos bahá’ís inocentes.
«La Asamblea General de las Naciones Unidas ha tomado una sólida iniciativa al destacar el impacto acumulado de casi cincuenta años de persecución de los bahá’ís ―afirmó Dugal―. Los costes humanos de las políticas represivas de la República Islámica se hallan claramente a la vista de todos. Las detenciones arbitrarias, las largas e injustas sentencias de encarcelamiento, la privación del derecho a la educación y a los medios de subsistencia, los discursos de odio promovidos por el Estado contra los bahá’ís y otras medidas sistemáticas son violaciones brutales de los derechos humanos cuyo objetivo es erradicar a la comunidad bahá’í como entidad viable, y perjudican al resto de la sociedad. Todas estas violaciones deben cesar».
Intensificación de los ataques contra la comunidad bahá’í de Irán
Los recientes acontecimientos en Irán han agudizado la preocupación de la Asamblea General. En octubre, diez mujeres bahá’ís de Isfahán fueron sentenciadas a una condena combinada de noventa años de prisión por organizar actividades educativas y culturales. Expertos independientes de Naciones Unidas también publicaron una declaración conjunta a finales de 2024 en la que denunciaban las continuas redadas en los hogares, la prohibición de realizar desplazamientos y las sentencias prolongadas impuestas a las mujeres bahá’ís, y describían estas acciones como un modelo sistemático de discriminación selectiva.
Informes de las organizaciones de derechos humanos, entre ellas del Centro Abdorrahman Boroumand y de Human Rights Watch, han documentado la envergadura de las violaciones contra la comunidad bahá’í por parte del Gobierno iraní. Human Rights Watch denominó la campaña contra los bahá’ís, que dura ya 45 años, como equivalente a un «crimen de persecución de lesa humanidad».
