CIB GINEBRA — En un informe de gran importancia publicado por la afamada organización de derechos humanos Human Rights Watch, se declara que la represión sistemática ejercida durante 45 años por el Gobierno iraní contra la minoría religiosa bahá’í equivale a un crimen de lesa humanidad de persecución según la ley penal internacional.

El informe, de 49 páginas, titulado La bota en el cuello: El crimen de persecución de las autoridades iraníes contra los bahá’ís de Irán, documenta con impresionante detalle las leyes, políticas y prácticas discriminatorias utilizadas por el Gobierno iraní para violar los derechos humanos fundamentales de los bahá’ís en el país. Human Rights Watch señala que los bahá’ís se enfrentan a abusos en prácticamente todos los aspectos de la vida, desde arrestos y encarcelamientos arbitrarios por parte de organismos gubernamentales, hasta confiscaciones de sus propiedades, denegaciones de acceso a la educación y al empleo e incluso impedimentos de entierros dignos conformes al rito bahá’í.

«Las autoridades iraníes privan a los bahá’ís de sus derechos fundamentales en todos los aspectos de sus vidas, no por sus acciones, sino únicamente por pertenecer a un grupo religioso», afirmó Michael Page, director delegado para Oriente Medio y África del Norte en Human Rights Watch, en una acto previo a la publicación del informe.

Human Rights Watch llevó a cabo una investigación exhaustiva para elaborar su informe. Examinó y analizó las políticas del gobierno iraní, el marco jurídico del país y numerosos documentos judiciales. Human Rights Watch también entrevistó a testigos tanto dentro como fuera de Irán. Asimismo, examinó el material disponible en el sitio web «Archivos de la persecución a los bahá’ís de Irán», creado por la Comunidad Internacional Bahá'í (CIB), que contiene casi doce mil documentos relacionados con la persecución de los bahá'ís en Irán.

Human Rights Watch señaló en su informe que la República Islámica ha codificado su represión de los bahá’ís en leyes y políticas y que consolida su aplicación a través de las autoridades judiciales y policiales. El informe también detalla las conversaciones entre los investigadores de Human Rights Watch y bahá’ís iraníes, algunos identificados y otros cuyas identidades se han ocultado por motivos de seguridad. Todos ellos ofrecen detalles de las exhaustivas y pertinaces actuaciones de las autoridades iraníes para alterar o destruir todos los aspectos de sus vidas.

El informe contiene varias recomendaciones. Pide al Gobierno iraní que «cese inmediatamente la persecución de los bahá’ís por motivos religiosos y ponga en libertad a todos los detenidos o condenados por pertenencia a la Fe bahá’í». El informe cita leyes específicas y órdenes gubernamentales internas que, según afirma, deben ser derogadas.

Además, el informe recomienda que la Misión internacional independiente de los hechos de las Naciones Unidas «recopile información con relación a cualquier crimen cometido contra los bahá’ís puesto que se entienden como delitos de odio, que aumentaron tras las protestas al igual que la persecución de las mujeres».

El informe recomienda además que todos los Estados «emitan declaraciones públicas individuales y colectivas que expresen su preocupación por la perpetración de crímenes de persecución contra los bahá’ís por parte de las autoridades iraníes.

Simin Fahandej, representante de la CIB en Ginebra ante las Naciones Unidas, afirmó: «La Comunidad Internacional Bahá’í agradece profundamente las pruebas evidentes expuestas en este destacado informe. Recopila años de investigación y de documentación sobre la persecución sistemática de los bahá’ís de Irán y llama la atención sobre el flagrante desprecio de Irán para con sus obligaciones en materia de derechos humanos en virtud del derecho y los tratados internacionales.

«Nuestra sincera esperanza es que el mundo responsabilizará al Gobierno iraní de esta prolongada injusticia y le exigirá que tome todas las medidas legales y políticas necesarias para poner fin a esta persecución sistemática».