CIB Ginebra — El ex primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, se cuenta entre el grupo de más de cincuenta profesionales jurídicos de alto rango en Canadá que han dirigido una carta abierta al jefe del Poder Judicial de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi, para manifestar su profunda preocupación por las «nuevas y serias violaciones» de los derechos humanos de la comunidad bahá’í iraní.

La carta, entre cuyos firmantes se encuentran ex ministros de justicia y jueces del Tribunal Supremo de Canadá, además de prestigiosos profesores de derecho y abogados en activo, condena una reciente sentencia por la que se confiscan las propiedades bahá’ís en Ivel, localidad al norte de Irán.

«Sabemos que la Fe bahá’í defiende los valores de la paz, la justicia y la unidad —se declara en la carta—, valores que durante décadas han sido objeto de ataques sistemáticos por las autoridades iraníes». Las violaciones de los derechos humanos de los bahá’ís de Irán ya han sido condenadas por el Gobierno canadiense, las Naciones Unidas y numerosas organizaciones de derechos humanos. En este momento, como miembros de la carrera judicial que creen en el Estado de derecho, también apoyamos a los bahá’ís de Irán y le solicitamos, como jefe del Poder Judicial iraní, que resuelva este nuevo atropello infligido a los bahá’ís de Ivel».

Las muestras de apoyo sin precedentes se producen tras la arbitraria confiscación de propiedades bahá’ís en Ivel por parte de las autoridades iraníes, lo que ha provocado el desplazamiento de decenas de familias que han quedado privadas de medios económicos.

Numerosos documentos oficiales revelan sin lugar a dudas que el prejuicio religioso es el único móvil tras las confiscaciones. Algunos de ellos muestran, por ejemplo, que a los bahá’ís se les ofreció la devolución de sus propiedades si se convertían al islam.

«Las sentencias de 2020 sientan ahora un peligroso precedente constitucional de confiscación con respaldo legal que anula los intereses legítimos de la propiedad basándose únicamente en la afiliación religiosa de los propietarios, apartándose así no solo de las normas internacionales de derechos humanos sino también del propio texto y espíritu de la Constitución iraní», se declara en la carta dirigida al jefe del Poder Judicial Raisi.

La discriminación religiosa contra la comunidad bahá’í, se afirma además en la misma, «puede ofrecer un sólido fundamento para procesar a las autoridades de Irán ante la corte penal internacional y otras instituciones internacionales».

A pesar de los repetidos intentos de los bahá’ís de Ivel por defender sus derechos, sus abogados no tuvieron oportunidad alguna de ver los documentos del tribunal para preparar su defensa ni de presentar alegaciones.

La situación en Ivel, prosigue la carta, supone un «nuevo y alarmante capítulo» en la persecución de una comunidad bahá’í que se remonta a mediados del siglo XIX y que en un tiempo constituyó una «comunidad próspera y pacífica de varias generaciones [...] de agricultores y de pequeños comerciantes». Desde la Revolución Islámica de 1979, los bahá’ís de Ivel han sido «expulsados de sus hogares, encarcelados, asediados, y sus propiedades han sido incendiadas y demolidas». En 2010 los hogares de unas cincuenta familias bahá’ís de Ivel fueron demolidos como parte de una campaña prolongada para expulsarlas de la región.

Diane Ala’i, representante de la Comunidad Internacional Bahá’í ante las Naciones Unidas en Ginebra, declara: «Esta carta escrita de parte de destacadas figuras de la judicatura demuestra que el trato cruel dado a los bahá’ís por las autoridades iraníes no ha pasado desapercibido para la comunidad internacional. Al contrario, ha servido para galvanizar la conciencia pública en todo el mundo».

El historial de confiscación de tierras y el desplazamiento en masa de los bahá’ís de Irán se detalla en una sección especial de la página web de la Oficina de Asuntos Públicos de la Comunidad Bahá’í de Canadá.